El Grupo Socialista pide a la Diputación de Burgos que no se desentienda de los problemas que genera a los ayuntamientos de localidades de menos de 20.000 habitantes la tramitación de los expedientes de ruina.

 

Según explica el diputado provincial socialista Antonio Araúzo, en la comisión de Atención a Municipios de la Diputación, el diputado del PP Ramiro Ibáñez “respondió que las competencias en arquitectura son municipales, cuando se le advirtió de los problemas que supondrá a Sajuma la reducción de una plaza de arquitectura técnica en la recién aprobada modificación de la RPT de 2019”.

 

Araúzo discrepa de esta interpretación “tan estricta de la norma” que realiza el diputado popular y entiende que “es competencia de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, así como dar soporte a los ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y la realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquellos se las encomiendan”.

 

En su opinión, la Institución provincial burgalesa debería tomar ejemplo del apoyo que sí brindan estas administraciones en otras provincias, como es el caso de Valladolid, para acompañar a los ayuntamientos en un proceso que les causa un “trastorno importante y que es un gran problema de seguridad”, sobre todo, desde el punto de vista económico. “La mayoría no puede afrontar la ejecución subsidiaria de las obras de demolición en caso de hallar dificultad para que lo acometan los propietarios del inmueble afectado”, explica.

 

Araúzo recuerda que el Grupo Provincial Socialista votó en contra de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2019 que ahora deja el Servicio de Asesoramiento Jurídico y de Urbanismo a Municipios con solo una plaza de arquitecto técnico para prestar asistencia a los pueblos “en una provincia que tiene más de 1.200, la mayor parte, sin este técnico en plantilla”.