El diputado provincial socialista Javier Lezcano pide al presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, que tome medidas ante el trato de favor que entiende que está realizando el vicepresidente primero de la Institución, Lorenzo Rodríguez, a los municipios gobernados por su partido, Ciudadanos y cita como ejemplo, el último reparto de mascarillas que ha realizado la institución.

 

“La gota que colmado el vaso”, para el socialista, ha sido una entrega reciente de 1.300 mascarillas por parte de la Diputación a una decena de localidades, “la mayoría del entorno de Rodríguez”, sin convocatoria, ni oferta previa al resto. 

 

Se pregunta Lezcano “cómo han podido enterarse estos ayuntamientos, aunque nos lo imaginamos, de que existía esta posibilidad” y si la Diputación les cobrará, como a los beneficiarios del primer lote, aquel sí, por concurrencia pública, una parte proporcional. En todo caso, entiende que no debería cobrar a ninguno por la gestión “chapucera” que el equipo de Gobierno ha realizado de este asunto.

 

Las localidades que se han acogido a este reparto son Castellanos de Castro, Castrillo Mota de Judíos, de la que Rodríguez es alcalde, Espinosa de Cervera, Hontanas, Itero del Castillo, Revilla del Campo, Tamarón, Villadiego, Villaquirán de la Puebla, Villadiego y Baños de Valdearados. En la mayoría, la persona que recoge el material es el propio vicepresidente y llama la atención, según Lezcano, que, en este caso, la Diputación entrega más de una unidad por censado, cuando se negó esta posibilidad en la convocatoria anterior.

 

Según explica, de la adquisición global de 70.500 mascarillas que realizó inicialmente la Diputación para su reparto entre los pueblos y los centros residenciales dependientes de la institución, “sobraron cerca de 14.000”. Ahora pide que se ofrezcan a los cerca de 130 ayuntamientos que no participaron en la convocatoria inicial y que, sospecha, no fueron informados del segundo reparto que ahora denuncia.

 

Lezcano pide al presidente de la Diputación, César Rico, que no permita este tipo de actitudes a su socio de gobierno tras el ‘pacto de las sillas’ entre PP y Ciudadanos que le sostiene al frente de la Institución. El socialista ha criticado la inacción de un “presidente en retirada” ante distintas  acciones similares de su socio de gobierno, como las facturas que ha pagado directamente el área de Protocolo de la Diputación por conceptos como una actividad cultural en Castrillo Mota de Judíos de 1.500 euros, más de 1.000 euros en la Feria de la Patata de 2010 de Tardajos, gobernada por la diputada provincial de Ciudadanos Laura Puente y otra factura de 3.000 euros de Las Quintanillas, en donde el alcalde es el también diputado provincial de Ciudadanos Eduardo Munguia.