El Grupo Socialista ha pedido a la Diputación un informe sobre la incidencia de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a partir del 1 de enero del presente año.

El objetivo de esta demanda es conocer si, desde entonces, se ha producido alguna instrucción en la provincia que prive a esta administración o a ayuntamientos de las competencias en la prestación de servicios sociales, como contempla esta ley que el PSOE promete derogar si accede al Gobierno.

El portavoz socialista en la Diputación, David Jurado, ha explicado que, a pesar de que “nos encontramos en un momento de impás” en el Gobierno central, el PSOE quiere cerciorarse de que municipios y diputaciones mantienen sus competencias en servicios sociales. “Nos consta que en algunos sitios se han adoptado medidas de amortiguamiento de la ley”, señala Jurado, pero recuerda que, sin ir más lejos, el PP votó en contra de la moción socialista que pedía derogar la reforma local en el Pleno de la Diputación del pasado mes de diciembre.

En otro orden de cosas, los socialistas han pedido, además, otro informe para conocer la relación de ferias y eventos en los que participó la Diputación en 2015 y las previsiones para 2016, así como el presupuesto que se ha destinado a este fin, los gastos que ha supuesto y, “sobre todo, la memoria de valoración y la repercusión de estas ferias”, explica Jurado.