El Grupo Socialista pide al equipo de gobierno de la Diputación que asuma la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, así como de los recursos administrativos derivados del Decreto-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de la Junta de Castilla y León que concede a los alcaldes la potestad sancionadora ante el incumplimiento de las medidas de contención de la covid-19 en sus términos municipales.

 

En el ámbito sancionador, este decreto concreta que la tramitación de estos procedimientos por el incumplimiento de los ciudadanos de la obligación del uso de las mascarillas cuando sea obligatorio, corresponde a los ayuntamientos en los que se produzca esa situación. 

 

El viceportavoz del PSOE en la Institución provincial, Javier Lezcano, destaca la “incapacidad” de la mayoría de los consistorios burgaleses para asumir esta encomienda, por escasez de recursos. “366 de los 371 que hay tienen un censo inferior a 5.000 habitantes; de los que 345 tienen menos de 1.000, 315 cuentan con menos de 500 y 168 tienen menos de 100, con lo que estamos hablando de núcleos de poca población”, subraya.

 

En su opinión, además, la potestad sancionadora que la Administración autonómica delega en los alcaldes y alcaldesas “puede generar problemas de convivencia, en especial, en las localidades de menor entidad, ya que, en última instancia, son los regidores quienes firman las resoluciones de sanción de 100 euros, un 40% menos en caso de pronto pago, por no usar o por el mal uso de la mascarilla”.

 

Aunque la orden contempla el posible soporte a los ayuntamientos mediante encomienda de la diputaciones, el Grupo Socialista lo considera insuficiente y pide a la de Burgos más ayuda que las instrucciones que envió a los regidores el pasado 3 de noviembre, “porque el problema no es solo de tramitación, sino que las sanciones las firman los regidores”.

 

Los socialistas piden al Partido Popular y a Ciudadanos, que gobiernan la Diputación de Burgos, que esta institución asuma, a través del departamento de asesoramiento a municipios la instrucción y tramitación de las sanciones que emanen de este decreto en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

 

Para el PSOE, “el esfuerzo que están realizando los regidores de la provincia durante esta pandemia no merece que las administraciones de mayor entidad y con más competencias y recursos les deleguen esta nueva responsabilidad”, concluye Lezcano y adelanta que “no vamos a cejar en nuestro empeño de que la Diputación asuma esta responsabilidad”.

 

El viceportavoz socialista reitera también al vicepresidente primero, Lorenzo Rodríguez, la petición de que no cobre las mascarillas que adquirió por 200.000 euros la Diputación y distribuyó entre abril y mayo de 2020 a los ayuntamientos que lo solicitaron, entre otras razones, por la gestión “caótica” de su reparto. Insiste en que “se hizo tarde y mal, llegando incluso a acudir a Jaramillo Quemado hasta en dos ocasiones para entregar 10 unidades”.

 

Recuerda que la Administración provincial envió una misiva a los alcaldes que les encargaron mascarillas para informarles de que les cobrarían la mitad de su precio, pero “ocho meses después, los ayuntamientos afectados continúan sin saber si han de presupuestar este gasto”.